México debatirá reforma para el Sector Petróleo y Gas
El pasado 26 de marzo de 2021, el presidente de México presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos (LH) (la Reforma) para favorecer a la empresa estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex). La Reforma seguirá el curso normal de discusión y aprobación. Como tal, será discutida en la Cámara de Diputados y luego, si fuere aprobada, pasará al Senado para su discusión y aprobación. Si se aprueba, el presidente la publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Cambios principales en la Industria del Petróleo y Gas
La Reforma busca fortalecer a las empresas productivas del Estado (Pemex y Comisión Federal de Electricidad o CFE) reorganizando la industria y desincentivando el robo de combustible y garantizando el suministro de hidrocarburos y petrolíferos. Aun cuando la Reforma enfoca su aplicación en los combustibles, algunas disposiciones también pudieran ser aplicables al sector de petróleo y gas. Estos son los principales cambios.
Política de Almacenamiento mínimo de petrolíferos
En términos generales, la Reforma busca reforzar la política de almacenamiento del gobierno (Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos) (reformada el 6 de diciembre de 2019, la política de Almacenamiento) y elevar algunas de sus disposiciones a ley. Por ejemplo, los volúmenes mínimos de almacenamiento, que se han fijado en cinco días para gasolina y diésel, 1.5 días para turbosina en aeropuertos y/o aeródromos y 1.5 días adicionales como promedio mensual.
Bajo la Reforma, la Secretaría de Energía (SENER) tendrá la facultad para fijar los volúmenes mínimos de almacenaje para obtener los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Negativa ficta en cesión de permisos
La Reforma propone una negativa ficta mediante la cual, si SENER o la CRE no resuelven sobre alguna cesión solicitada dentro de los plazos establecidos por la LH, la solicitud será considerada como negada de forma automática. La exposición de motivos de la iniciativa indica que aplicaría a la solicitud de permisos también.
Revocación de permisos en caso de reincidencia
La Reforma propone la revocación de permisos en caso de reincidencia de: 1) incumplir las disposiciones de cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, y 2) la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente. Adicionalmente, la Reforma incluye el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos como causal de revocación.
Suspensión de permisos derivado de seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional
El gobierno mexicano espera que Pemex tenga un rol más activo en las actividades de la industria del petróleo y gas. La Reforma contiene disposiciones para proteger “la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional” que podría afectar a los permisionarios, así como derechos y activos de particulares.
La Reforma establece que las autoridades pueden suspender los permisos para garantizar la protección de “la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional”. En esos eventos, la autoridad que emitió el permiso podría tomar la administración y operación de los permisionarios para asegurar “la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional”, con la discrecionalidad de mantener al personal existente, contratar un nuevo operador o ambos. Esta suspensión duraría hasta que haya evidencia de que las causas que autorizaron la suspensión han terminado, excepto cuando la suspensión fue a causa de contrabando o alteración de combustible.
Terminación de permisos de oficio
Los artículos transitorios de la Reforma incluyen dos órdenes dirigidas a las autoridades energéticas 1) revocar los permisos que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Política de Almacenamiento, y 2) "privar de efectos legales" todos los permisos que haya caducado.
Más aún, estas disposiciones contienen un pronunciamiento general de que todos los permisos que no cumplan con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la LH “serán revocados” a la entrada en vigor de la Reforma.
Recursos legales y Litigio
Amparo y otros procedimientos constitucionales
Asumiendo que la Reforma se apruebe en términos substancialmente idénticos a la iniciativa, podría haber fundamentos constitucionales a favor de las personas públicas y privadas afectadas para una:
- demanda de amparo ante juzgados de distrito por parte de privados y personas que, directa o indirectamente, cuenten con un interés que haya sido afectado por la Reforma
- acción de inconstitucionalidad, la cual se debe presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 33 por ciento de los diputados federales o senadores
- una controversia de inconstitucionalidad, un medio de control constitucional mediante la cual algunos organismos del Estado pueden impugnar leyes ante la SCJN — por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
Disputas internacionales
Los inversionistas pudieran solicitar una consulta y posteriormente, un procedimiento arbitral subsecuente en contra de México derivado de la Reforma bajo algunos tratados internacionales de inversión. Los tratados tienen sus propios criterios de jurisdicción y elegibilidad, así que las disputas de este tipo son típicamente fundadas en violaciones de trato nacional, nación más favorecida y efectos expropiatorios.
Estos casos son típicamente basados en antecedentes con hechos complejos que usualmente no están documentados con una simple acción del Estado, por ejemplo, la Reforma por sí sola, sino una seria de eventos y acciones que fundamentan una violación específica bajo los tratados aplicables. Algunos tratados requieren que los recursos locales o impugnaciones legales hayan sido presentadas antes de comenzar procedimientos de arbitraje. Esto es determinado sobre una base de caso a caso y dependiendo de las particularidades de cada tratado.
El amparo de Pemex contra la Política de Almacenamiento
Basado en la información pública disponible, Pemex presentó un amparo contra la Política de Almacenamiento para evitar publicar su capacidad de almacenamiento, la cual está siendo substanciada en tribunales federales. La suspensión definitiva no fue otorgada y está en proceso de ser resuelta.
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